Preguntas frecuentes legales para empresas en Colombia 2026 | Legal Help

Respuesta directa: Antes de despedir por justa causa debe garantizarse el debido proceso: (1) conocer e identificar la falta de manera inmediata; (2) citar por escrito a descargos indicando los hechos imputados; (3) trasladar al trabajador las pruebas que sustentan los cargos; (4) realizar la diligencia de descargos permitiéndole ser oído y controvertir pruebas (puede acompañarse de dos compañeros o representantes sindicales que sean trabajadores de la empresa); (5) levantar acta firmada de la diligencia; (6) emitir una decisión motivada y congruente; y (7) aplicar una sanción proporcional a la falta.

La Ley 2466 de 2025 reforzó estas garantías. Omitir el debido proceso es la principal causa de demandas por despido ineficaz y órdenes judiciales de reintegro. El reglamento interno de trabajo debe describir las faltas y el procedimiento.

Respuesta directa: No de forma automática. Un trabajador con incapacidades prolongadas o condición de salud que afecte su desempeño goza de estabilidad laboral reforzada. Para terminar el contrato se requiere autorización previa del inspector del Ministerio del Trabajo; despedir sin ella se presume discriminatorio y puede dar lugar a una acción de tutela que ordene el reintegro más el pago de salarios dejados de percibir y una indemnización de 180 días de salario.

Lo recomendable es documentar las recomendaciones de la EPS y la ARL, agotar las reubicaciones posibles y, solo entonces, solicitar el permiso correspondiente.

Respuesta directa: Con la Ley 2466 de 2025 la jornada nocturna pasó a iniciar a las 7:00 p.m. (antes 9:00 p.m.), por lo que se pagan más horas con recargo nocturno. Además, el recargo por trabajo en dominical o festivo sube de manera gradual hacia el 100% (incremento por etapas hasta 2027).

Las empresas de comercio, alimentación, hospedaje, transporte y entretenimiento son las más impactadas. Es indispensable actualizar el Reglamento Interno de Trabajo, los turnos y la liquidación de nómina. Por la implementación gradual, confirme el porcentaje exacto vigente al momento de liquidar la nómina, ya que cambia por etapas hasta julio de 2027.

Respuesta directa: La Reforma Laboral estableció el contrato a término indefinido como regla general y fijó un tope de duración de cuatro (4) años para el contrato a término fijo. Superado ese límite, la relación se entiende a término indefinido. Si la labor terminó, la terminación debe liquidarse correctamente; de lo contrario, se expone a una demanda por despido sin justa causa y eventual reintegro.

Respuesta directa: Si al terminar el contrato no se pagan salarios y prestaciones, el empleador debe pagar como indemnización un día de salario por cada día de retardo, durante los primeros 24 meses; a partir del mes 25 se causan intereses moratorios sobre las sumas adeudadas. La mejor estrategia es ofrecer una conciliación extrajudicial ante un inspector de trabajo o centro de conciliación para acordar un pago y cerrar el riesgo.

Respuesta directa: Si hay subordinación, horario y remuneración, opera el contrato realidad y el riesgo es que reclamen prestaciones y aportes retroactivos. La ruta segura es diseñar un plan de formalización progresiva: revisar funciones, definir cargos, vincular por contrato laboral, y —cuando aplique— usar mecanismos de normalización de aportes ante la UGPP. Mantener la figura de prestación de servicios para labores permanentes y subordinadas es el escenario de mayor exposición.

Respuesta directa: Actúe de inmediato: el término para contestar la demanda es corto y vencerlo trae consecuencias graves. Pasos clave: (1) revise la fecha y forma de notificación, porque desde allí corre el plazo; (2) en el proceso ordinario laboral cuenta con diez (10) días hábiles para contestar una vez surtida la notificación del auto admisorio; (3) entregue de inmediato a su abogado toda la prueba documental (contrato, liquidación, pagos de nómina y seguridad social, comunicaciones, acta de descargos); (4) en la contestación debe pronunciarse sobre cada hecho, proponer todas las excepciones y aportar y solicitar pruebas, pues después no podrá hacerlo; y (5) prepárese para la audiencia del artículo 77 del CPTSS, donde el juez intenta la conciliación y se sanea el proceso.

No conteste tarde ni de forma incompleta: la falta de contestación puede tomarse como indicio en su contra y la omisión de pruebas o excepciones precluye. Lo más seguro es asumir la defensa con un abogado laboralista desde la notificación.

Respuesta directa: Asista o hágase representar; ignorar la citación es un error. La conciliación ante el inspector del Ministerio del Trabajo es voluntaria (no está obligado a conciliar ni a aceptar las pretensiones), pero su inasistencia injustificada puede valorarse negativamente y deja pasar una oportunidad de cerrar el conflicto antes de un proceso judicial. Pasos: (1) confirme fecha, hora y objeto de la citación; (2) lleve poder si va un apoderado y los documentos del caso; (3) calcule previamente lo que realmente se adeuda para negociar con cifras; (4) si concilia, el acta hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo, así que revise muy bien su alcance antes de firmar; y (5) si no hay acuerdo, se deja constancia y usted conserva intactas sus defensas para la eventual demanda.

Respuesta directa: Tiene tres (3) meses contados desde la notificación del Requerimiento Especial para presentar la respuesta y aportar pruebas. Si no se atiende dentro del término, la DIAN puede proferir liquidación oficial de revisión con sanción por inexactitud equivalente al 100% de la diferencia. Corregir de forma voluntaria u oportuna permite reducir significativamente esa sanción.

Respuesta directa: Realice una auditoría del Ingreso Base de Cotización (IBC) verificando la correcta inclusión de comisiones y pagos salariales, y atienda dentro del plazo la acción persuasiva. Responder bien en la etapa persuasiva suele evitar el proceso de determinación y el cobro coactivo. Documente la naturaleza de cada pago (salarial vs. no salarial) con soportes contractuales y de nómina.

Respuesta directa: Sí. La factura electrónica de venta aceptada (expresa o tácitamente) presta mérito ejecutivo, por lo que es un título que permite iniciar un proceso ejecutivo y solicitar el embargo preventivo de cuentas y bienes del deudor. Se requiere que la obligación sea clara, expresa y exigible, y acreditar el acuse de recibo y la aceptación (o el transcurso de los 3 días hábiles para la aceptación tácita).

Respuesta directa: Sí, existen recursos en la vía gubernativa para controvertir el acto y, según el caso, acreditar contingencias técnicas (caídas de sistema) con soportes que justifiquen la interrupción. Actuar dentro de los términos y presentar el plan de contingencia es clave para evitar la sanción de cierre temporal del establecimiento.

Respuesta directa: En una SAS sin acuerdo de accionistas, los bloqueos societarios se resuelven ante la Superintendencia de Sociedades, que tiene funciones jurisdiccionales para dirimir conflictos entre accionistas, declarar abuso del derecho de voto y ordenar medidas. Las salidas posibles incluyen negociar la compra de la participación, una reorganización societaria o, en casos graves, acudir a la resolución judicial del conflicto. Hacia adelante, todo socio debería firmar un pacto de accionistas.

Respuesta directa: La sociedad tiene patrimonio independiente, pero el levantamiento del velo corporativo procede cuando se usa la sociedad para defraudar a terceros o eludir obligaciones (fiscales, laborales). También hay responsabilidad personal del representante legal por dolo o culpa, por deudas con la DIAN/UGPP en ciertos supuestos, y por administración indebida. Una contabilidad transparente, actas al día y separación real de patrimonios son la mejor defensa.

Respuesta directa: El régimen de insolvencia (Ley 1116 de 2006) permite a la empresa reorganizarse y, al admitirse el proceso, se suspenden los procesos ejecutivos y los embargos en su contra, dándole un respiro para negociar un acuerdo con los acreedores. La principal ventaja es proteger la empresa en marcha; el principal costo es reputacional y de control, ya que se somete a vigilancia. Es una herramienta de reestructuración, no de liquidación inmediata.

Respuesta directa: Envíe un requerimiento formal escrito (carta o comunicación con acuse de recibo) exigiendo el cumplimiento y advirtiendo la mora; si el contrato tiene cláusula penal, invóquela. Conserve todo el soporte probatorio (contrato, comunicaciones, facturas, evidencia del daño). Con ello podrá demandar el cumplimiento o la resolución del contrato, más la cláusula penal y la indemnización por daño emergente y lucro cesante.

Respuesta directa: Aunque no haya registro, el uso previo y real de un nombre comercial genera ciertos derechos y permite acciones por competencia desleal ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) o la justicia ordinaria. Lo prioritario es solicitar de inmediato el registro de la marca ante la SIC y, en paralelo, ejercer medidas para frenar el uso que genere confusión o desvío de clientela. Quien registra primero adquiere una posición jurídica más fuerte.

Respuesta directa: Sí. Procede el recurso de apelación dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la resolución. Los argumentos deben atacar el supuesto riesgo de confusión analizando la clase de Niza, los canales de comercialización, el público consumidor y las diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales entre los signos.

Respuesta directa: Sin pacto expreso, los derechos patrimoniales de autor sobre el software pueden permanecer en cabeza del desarrollador. La solución es firmar cuanto antes un contrato de cesión de derechos patrimoniales (por escrito) y registrarlo ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA). Para el futuro, toda contratación de desarrollo debe incluir cláusula de cesión desde el inicio.

Respuesta directa: El incidente de seguridad que afecte datos personales debe reportarse a la SIC dentro de los 15 días hábiles siguientes al momento en que la empresa toma conocimiento del incidente (no desde que lo resuelve). No reportar puede generar una doble sanción: por el incidente y por el ocultamiento.

Respuesta directa: La SIC puede imponer multas de hasta 2.000 SMMLV por cada infracción, además de otras medidas. Para atenuar la sanción conviene demostrar un programa integral de cumplimiento (políticas de tratamiento, registro de bases de datos en el RNBD, mecanismos de autorización y atención de derechos de los titulares). El envío de comunicaciones comerciales requiere autorización previa, expresa e informada.

Respuesta directa: El derecho de petición debe resolverse dentro de 15 días hábiles como regla general; cuando se trata de solicitud de copias o información, el término es de 10 días hábiles. No responder a tiempo puede dar lugar a una acción de tutela por vulneración de un derecho fundamental.

Respuesta directa: Los datos biométricos son datos sensibles y requieren autorización expresa, aviso de privacidad y medidas de seguridad reforzadas. Omitir estos requisitos expone a investigación y sanción por la SIC. La recomendación es implementar de inmediato una política de tratamiento de datos sensibles, publicar el aviso de privacidad, recoger autorizaciones y registrar las bases en el RNBD.